El Sistema Público de Pensiones en España hoy (2 de 3). Estudios y modelos, ¿las previsiones teóricas aciertan?

Resulta indiscutible que deben tomarse medidas y acometer reformas con carácter de urgencia, si bien los estudiosos de la materia llevan planteando alternativas desde hace al menos 20 años, sin que hasta la fecha nadie se haya atrevido a ponerle el cascabel al gato, por los motivos que sean, de manera que la situación se sigue agravando conforme pasa el tiempo.

Entre las diferentes propuestas que se han dado vamos a comentar sobre algunas que presentan coincidencias y discrepancias, todas ellas soportadas por cálculos, estimaciones y proyecciones, incluso basadas en modelos matemáticos.

En primer lugar, en estudios de 1998 ya se anticipaba que habría un desequilibrio del Sistema de Pensiones en 2015, se planteaba una reforma urgente puesto que las condiciones económicas serán cada vez peores, partiendo de que un ajuste posible pudiera ser la disminución de los futuros derechos de pensión y se apuntaba que la supuesta equidad intergeneracional es insostenible y falsa, al ir avanzando hacia una situación inevitable de déficit del sistema.

La forma de financiación del déficit influiría en el trato que obtendría cada generación, si se apoyara en los trabajadores activos, aumentarían las cotizaciones, se incrementarían los impuestos y tendrían que reducirse otras partidas de gasto; por el contrario, si se apoyara en los pensionistas llevaría aparejadas actualizaciones de las prestaciones por debajo del IPC.

Según estos estudios, pasando a un sistema de capitalización, con un déficit soportado por los trabajadores activos, se podrían mejorar las pensiones hasta en un 40%. En el caso de que el déficit fuera repercutido en las pensiones, partiendo de una pérdida de poder adquisitivo del 40-60%, un sistema de capitalización podría duplicar las pensiones. Claro que el coste estimado de la transición consideraban que ascendería en el año 2000 a 140 billones de pesetas (841.000 millones de euros).

Otros artículos del mismo año plantean que se deberá dar una combinación de diferentes medidas, con introducción gradual en el tiempo y acompañadas de una publicación con suficiente antelación, para minimizar los inevitables efectos sociales y políticos. En base a un modelo económico plantea mayores cotizaciones, menores pensiones y crear un fondo de capital que equilibre ingresos y gastos.

Algunos trabajos de 2008, entre las modificaciones paramétricas (variación de elementos que integran fórmulas de determinación de la pensión inicial o su revalorización), que son las aplicadas hasta ahora y las reformas paradigmáticas (sustitución de un sistema por otro), plantea una reforma de alcance intermedio, con un sistema basado en Cuentas Nocionales (que mantiene el sistema de reparto, pasando de un sistema de prestación definida a otro de aportación definida) y, con idea de estudiar el equilibrio global/estructural desde una perspectiva financiero-actuarial, incluyen un modelo teórico para determinar la deuda implícita de la Seguridad Social.

Si el sistema de pensiones fuera actuarialmente justo y se cumpliera el principio de equivalencia financiero-actuarial, la suma de aportaciones actuales y futuras debería ser igual a la suma de pensiones actuales y futuras.

Según los autores, cuantificar la deuda implícita de la Seguridad Social permitiría disponer de un indicador de la profundidad de la reforma a realizar, contabilizar el importe como un activo en el balance de los trabajadores y autentificar la credibilidad financiera de un país. Las razones consideradas para realizar el cálculo son que incrementa la transparencia y credibilidad del sistema, permite medir su sostenibilidad y una mayor visualización de su equidad, además de que es un derecho de trabajadores activos y pensionistas.  Desde el punto de vista de la contabilidad pública, apuntan que su objetivo debería ser aportar información útil para la toma de decisiones, ven una necesidad de introducir principios de contabilidad generalmente aceptados, concretamente el principio de devengo establece que los ingresos o gastos se deben registrar en el momento en el que ocurre la transacción o hecho económico que los origina, con independencia de cuando se produzca el cobro o pago correspondiente, aparte de destacar que las entidades aseguradoras están obligadas a dotar provisiones técnicas que recojan las obligaciones derivadas de los contratos firmados, similares a las que debería calcular la Seguridad Social.

Aplicando un método de cálculo prospectivo la deuda bruta del sistema de pensiones de jubilación del Régimen General de la Seguridad Social española para 2002, ascendía a más de 885.000 millones de euros.

Quince años después, esa cifra estaría muy por encima del PIB (Producto Interior Bruto) anual.

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    Categorías: Gestión, Opinión

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