El Sistema Público de Pensiones en España hoy (3 de 3). Soluciones, ¿viables?, ¿se pueden poner en práctica?

Una opción posible serían las cuentas nocionales, que también se basan en la solidaridad intergeneracional, si bien se va registrando lo aportado por cada trabajador en una “cuenta virtual” que otorga un derecho, por el que se recibe una prestación en función de la esperanza de vida. El sistema es claro y diáfano, permite detectar los problemas de sostenibilidad con mayor antelación, premia a los que han contribuido con sus aportaciones en lugar de depender del período de cálculo, pero en cualquier caso supondría un descenso de las pensiones medias, hay que determinar un período de transición y un momento de corte. Como ejemplo en Suecia los trabajadores aportan un 19,5% del sueldo (un 17% a un sistema nocional y un 2,5% a un fondo de capitalización personal obligatorio).

Hasta la reforma de 2011, por la que se cambian las condiciones de acceso a la jubilación, aumentando de forma escalonada la edad legal de jubilación (de 65 a 67), incrementando progresivamente el período de cálculo de la base reguladora (de 15 a 25 años) y estableciendo la obligación de acreditar 37 años de cotización para obtener el 100% de pensión, el desequilibrio actuarial era de 1,44 y pasará a ser de 1,28 en 2027, suponiendo que por cada euro de cotización se obtienen derechos por esos importes.

Teniendo en cuenta que en Diciembre 2016 había 17 millones de cotizantes y 9,5 millones de pensiones que aumentarán hasta los 15 millones en 2050, serían necesarios 27,1 millones de cotizantes en dicha fecha para mantener la tasa de sustitución y la presión fiscal actuales.

Algunos autores proponen un sistema mixto de pensiones por tramos para nuevas generaciones, que cotizarían por una pensión mínima de subsistencia (en función de la edad, partiendo de 1.000 euros para los que tienen 30 años, hasta 2.600 euros los que tienen 60-65 años) y un complemento en planes de pensiones privados, con un período transitorio de 40 años.

Todo parece indicar que las soluciones propuestas hasta ahora son insuficientes:

- la creación de suficiente empleo solamente podría compensar en torno al 20% del aumento de gasto por envejecimiento demográfico, ya que el número de cotizantes sería similar al actual hasta llegar a poco más de un cotizante por jubilado;

- el aumento de salarios aparte de que estaría justificado solamente si aumenta la productividad tampoco se trasladaría de manera automática y de forma permanente a las pensiones, sino que bajaría la tasa de sustitución (pensión media sobre salario medio);

- el aumento de las cotizaciones sociales, incluso considerando la incorporación de un factor de sostenibilidad (que reduce las pensiones iniciales en un 5% cada 10 años) con el índice de revalorización anual (IRA) de un 0,25%, si no hay equilibrio entre los ingresos (que se estima se mantendrán sobre el 10% del PIB) y los gastos (que se estima irán incrementándose gradualmente hasta suponer el 17% del PIB), se traducirá en una pérdida de poder adquisitivo durante décadas, aparte que al aumentar el tipo legal aplicable se incrementan los costes laborales y hace que disminuya la tasa de empleo y la competitividad;

- el uso de impuestos generales, si bien puede parecer razonable e inevitable a corto plazo, si se busca mantener la tasa de sustitución actual, lleva aparejada la aportación de elevados recursos financieros (del 2% del PIB hasta al menos el 7% del PIB) que resulta muy complicada con el déficit público y la Deuda Pública actuales, y si usamos impuestos de bases amplias (IVA, IRPF o Patrimonio) rompemos el principio de contributividad, además de que también los soportan los jubilados.

Una alternativa realista puede ser transformar el sistema a uno cuentas nocionales de contribución definida, ya propuesto desde al menos 2011, en el que la pensión se calcula en base a lo aportado durante la vida laboral, considerando tanto la esperanza de vida como ciertas variables económicas, que incorpora instrumentos de ajuste automático del gasto ante cambios demográficos o económicos e incentivos para aumentar la oferta de trabajo, permite una jubilación flexible compatible con el pleno empleo y reestablece el equilibrio actuarial (entre cotizaciones realizadas y pensiones recibidas).

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    Categorías: Gestión, Opinión

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