Aplicar una visión más empresarial al Estado no es tan difícil

Llevamos ya varios meses leyendo, escribiendo, oyendo y comentando sobre la necesaria reforma de la estructura del Estado en España.

En mi opinión, hasta ahora la mayor parte de los análisis se han enfocado hacia lo que se debería hacer, desde un punto de vista global y general, siempre hablando de grandes cifras que suelen corresponder a grandes entes, organizaciones o estructuras, pero no parece que se haya llegado a abordar un planteamiento más parcial y particular. Un enfoque más práctico del asunto.

Creo que a estas alturas está generalizada la opinión de que no habrá cambios en la percepción de España en el exterior hasta que se produzca una racionalización y reducción del gasto autonómico, además de en el resto de niveles de la Administración del Estado.

Considero que la estructura del Estado debería regirse por criterios de viabilidad, razonabilidad y proporcionalidad. De hecho, no me parece sea tan difícil hacerlo y de manera esquemática lo voy a comentar.

Simplemente se trata de pasar de la idea al desarrollo, del “hay que hacer” al “hacer”, de un enfoque más estratégico a otro más táctico, de lo abstracto a lo concreto, de lo teórico a lo real,…

Una manera muy sencilla de pasar a la acción puede consistir en realizar un análisis de abajo a arriba, en el sentido de centrarnos en cada una de las empresas, organismos, instituciones, entes que forman todo el conglomerado estatal, revisando de manera detallada sus estructuras, recursos, procesos para detectar los ejes de mejora (duplicidades, carencias, excesos y defectos, entre otros aspectos) y proponer acciones correctoras en cada etapa de los ciclos básicos de su actividad, que esencialmente no deberían diferir de los que tiene un negocio empresarial: ingresos, gastos e información periódica.

Como es lógico, el tratamiento no puede ser igual para todas las entidades de todos los ámbitos de la Administración, ya que hay que respetar y proteger los servicios considerados básicos, que la legislación vigente establece el Estado debe prestar de forma obligatoria, en la mente de todos por lo que no vamos a hacer una relación de los mismos ni siquiera de manera enunciativa más no limitativa, si bien entiendo deben regirse siempre por criterios de calidad y eficacia.

Tras analizar los resultados, conclusiones y recomendaciones contenidos en todas y cada una de las revisiones realizadas, ya habríamos llegado al momento de la toma de decisiones, bien sea para adaptar, restructurar, adecuar o modificar la entidad, bien para eliminarla de forma total o parcial, cuando no fuera viable, razonable y proporcionado mantenerla en su configuración actual.

Debo reconocer que se trata de un planteamiento ambicioso, pero a la vez realizable, teniendo en cuenta el tremendo tejido de profesionales que tenemos actualmente disponibles en España, quienes deberían poder acceder a través de concurso público abierto a través de internet, a presentar sus propuestas de servicios para cada una de estas revisiones correspondientes a las empresas, organismos, instituciones y entes que forman el conglomerado estatal en todos sus niveles: Estado Central, Comunidades Autónomas, Diputaciones y Ayuntamientos.

Por descontado que, como no puede ser de otra manera, los profesionales contratados no podrían tener ningún tipo de vínculo empresarial o personal con las entidades públicas a revisar, ni con otras directamente relacionadas por algún motivo jerárquico o funcional, de manera que se pueda garantizar la completa objetividad, imparcialidad, independencia y transparencia de las revisiones.

Por lo que respecta a la remuneración de los servicios, con, la idea de que resultase lo menos gravoso posible y que además supusiera un beneficio para ambas parte, lo más recomendable sería considerar una componente fija por la realización del trabajo, facturada y pagada de forma prorrateada durante la prestación del servicio y una componente variable que se calcularía y liquidaría en función de los ahorros obtenidos en el plazo de los siguientes seis meses.

Claro que, todo lo anterior sólo se pueda llevar cabo, si existe una voluntad real de buscar soluciones, de pasar a la acción, de tomar decisiones que no son agradables, de resolver más de un problema estructural que nos está llevando a una situación insostenible. De hecho, creo que si se pusieran en marcha de inmediato, los informes de las revisiones podrían estar listos antes de final de año,  y además tendrían la opción de implantar las recomendaciones aceptadas con carácter previo al inicio del siguiente ejercicio.

No se puede estar eternamente esperando a que los demás nos solucionen nuestros problemas, ni tampoco seguir esperando a Godot, porque a estas alturas ya deberíamos tener más que claro que Godot no vendrá.

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